Representantes de restaurantes y de otros comercios volvieron a poner sobre la mesa el debate por la ley seca en Ecuador. El tema resurgió después de la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales. Los comicios pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026. Esa resolución recibió críticas de dirigentes políticos y de sectores de opinión pública. Varios cuestionaron que el cambio no tendría sustento legal. En medio de esa discusión, también volvió a tomar fuerza el pedido de reformar el artículo 123 del Código de la Democracia. Esa norma regula la llamada ley seca durante las elecciones. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, defendió el cambio de fecha. Su argumento fue que se evitaba un golpe económico durante el fin de semana de San Valentín. Pero esa postura generó reacciones y cuestionamientos desde distintos sectores. Desde el turismo y la gastronomía, varios actores insisten en que la ley seca afecta su actividad. El Buró del Centro Histórico de Quito pidió revisar la normativa cuanto antes. Esa organización reúne a actores culturales, comerciales y turísticos del casco colonial desde 2005. También la Agremiación de Restaurantes de Pichincha dijo que apoya la democracia, pero sin afectar el empleo y las actividades turísticas. El artículo 123 establece que está prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas durante el día de las elecciones. La restricción también se aplica 36 horas antes y 12 horas después de la jornada electoral. Para los empresarios, ese tiempo de prohibición genera un impacto económico importante. El debate no es nuevo y suele reactivarse cada vez que hay elecciones. De hecho, el 28 de noviembre de 2025, Niels Olsen presentó un proyecto de reforma a ese artículo. Su propuesta plantea que la restricción sea solo 12 horas antes y seis horas después de las votaciones. Mientras tanto, para muchos sectores políticos, el problema de fondo sigue siendo el cambio de fecha de las seccionales.