La decisión de liberar a los cuatro militares procesados por el femicidio de la subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes ha generado una fuerte polémica en Ecuador. El pasado 12 de agosto de 2024, la jueza Mireya Torres Masaquiza, de la Unidad de la Violencia contra la Mujer, decidió otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva para los mayores Xavier Pinoargote y Freddy Quintanilla, y los tenientes Jhon Mena y Ángel Orozco. Esta resolución llega después de un recurso de apelación presentado por las defensas de los acusados.

El 17 de julio, la jueza había dictado prisión preventiva para los cuatro militares, quienes fueron señalados como presuntos responsables del brutal asesinato de la subteniente Aidita Ati, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 29 de junio en su habitación dentro del Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana. Según la autopsia, la oficial sufrió múltiples golpes, indicativos de que intentó defenderse antes de ser asesinada. El informe forense también reveló signos de estrangulamiento y presunta violación, lo que evidencia la crueldad con la que se cometió el crimen.

El caso ha causado gran conmoción a nivel nacional, y la decisión de liberar a los militares ha sido fuertemente criticada por la ciudadanía y colectivos de derechos humanos. La jueza Mireya Torres decidió reemplazar la prisión preventiva con medidas como la prohibición de salida del país y la obligación de los acusados de presentarse tres veces por semana ante la Fiscalía. Entre los argumentos de las defensas se destacó el hecho de que otros dos militares procesados en el mismo caso no estaban detenidos.

Los cuatro militares saldrán de la Cárcel 4 en Quito y se reintegrarán a sus labores en el Fuerte Militar Napo, bajo vigilancia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta decisión ha generado incertidumbre y preocupación, especialmente entre los familiares de la subteniente Aidita Ati, quienes temen que los responsables del asesinato queden impunes.

La abogada de la familia Ati, Paola Montoya, expresó su indignación por la liberación de los militares y enfatizó en la gravedad del caso. Montoya recordó que la autopsia detalló cómo Aidita sufrió múltiples golpes, incluyendo uno en la cabeza que se presume fue con un objeto contundente, y marcas en su cuello y pecho, indicativas de la violencia con la que fue sometida. Además, se confirmó que la subteniente fue víctima de violación.

La liberación de los militares bajo medidas alternativas pone en duda el sistema de justicia, mientras la familia Ati continúa exigiendo justicia para Aidita. El país sigue de cerca este caso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad en Ecuador.