En un movimiento decisivo, la ciudadanía ecuatoriana ha expresado su rotundo apoyo a una serie de enmiendas constitucionales y reformas legales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden público en el país. El referendo y consulta popular, celebrados el 21 de abril de 2024, han resultado en un claro mandato de la población para implementar medidas más duras contra el crimen organizado y otros delitos.

El primer punto del referendo preguntaba sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en tareas de seguridad, recibiendo un apoyo del 73.04%. Este resultado refleja una amplia confianza en las fuerzas armadas como un pilar clave en la lucha contra la criminalidad.

Además, la ciudadanía también respaldó la extradición de ecuatorianos bajo ciertas condiciones, con un 65.32% de votos afirmativos. Esta medida busca mejorar la cooperación internacional en la persecución de criminales y fortalecer los marcos legales existentes.

Otro punto relevante fue la aprobación de la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, con un 60.32% de los votos. Estas judicaturas se encargarán de las garantías jurisdiccionales, asegurando un proceso más eficiente y especializado.

En contraste, las propuestas relacionadas con el arbitraje internacional y las reformas laborales no fueron tan bien recibidas, con un rechazo del 63.41% y 67.33%, respectivamente. Estos resultados indican ciertas reservas por parte de la población hacia cambios percibidos como potencialmente desfavorables para la soberanía nacional o los derechos laborales.

Los resultados de las preguntas de consulta popular también mostraron un fuerte apoyo a iniciativas para incrementar las penas de delitos graves, así como a mejorar el control de armas y municiones. Esta consulta refleja una clara demanda por parte de los ecuatorianos de políticas más estrictas en materia de seguridad y justicia.

El Consejo Nacional Electoral continuará actualizando los resultados a medida que avance el conteo final, pero los datos preliminares ya delinean un panorama de un Ecuador comprometido con reformas significativas en su estructura legal y constitucional.