El presidente Daniel Noboa Azín emitió el Decreto Ejecutivo 202. Con ese documento declaró el estado de excepción en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Además incluyó a los cantones La Maná en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía en Bolívar. La decisión respondió a la ofensiva de grupos criminales organizados que disputaron el control territorial. El Gobierno señaló que la medida estuvo dirigida a fortalecer la seguridad ciudadana y asegurar el orden público durante 60 días. La decisión se sustentó en índices de violencia, asesinatos, secuestros y delitos ligados al crimen organizado. El Ejecutivo enmarcó la declaratoria dentro del conflicto armado interno que atraviesa el país. Según el Gobierno, las estructuras vinculadas al narcotráfico y la extorsión operaron en zonas estratégicas. Esa presencia derivó en atentados, amenazas y ataques armados que golpearon con fuerza a Guayas, Manabí y El Oro. Se trata de provincias clave por sus puertos y corredores logísticos. El estado de excepción pretendió recuperar el control estatal y reducir la capacidad operativa de las bandas. El Decreto 202 dispuso la suspensión temporal del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las jurisdicciones señaladas. Con esa base, las fuerzas del orden quedaron habilitadas para allanamientos, inspecciones y requisas. También se contempló la intervención y análisis de comunicaciones físicas o electrónicas para ubicar y desarticular redes delictivas. Las acciones debieron ejecutarse con estricto respeto al debido proceso y con apoyo de operadoras y entidades de control. La ejecución recayó en los ministerios de Defensa e Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación interinstitucional. La Presidencia anunció la notificación a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA. El Centro Nacional de Inteligencia remitirá informes clasificados a la Corte para el control de constitucionalidad conforme al artículo 27.1 del reglamento. El estado de excepción entra en vigencia a partir del 5 de noviembre de 2025, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Durante el periodo, las autoridades buscarán neutralizar amenazas actuales y futuras y recuperar la seguridad integral del Estado.