El presidente Daniel Noboa movió fichas para acelerar la fusión de entidades del Ejecutivo. Mediante un decreto fechado el 5 de septiembre, dispuso que Trabajo ejecutara la implementación del plan. La coordinación quedó a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. A ambas carteras se les encargó definir las estructuras de los ministerios y secretarías que iban a unificarse. También se les dio la misión de determinar las remuneraciones de los servidores públicos. Además, aprobarían los estatutos de las entidades de la Función Ejecutiva. Para ello, Noboa reformó decretos presidenciales emitidos en 2009, 2016 y 2024. Una de las piezas ajustadas fue el decreto 245 de abril de 2024. Ese texto establecía que cada entidad en creación, modificación o supresión asumía los detalles de implementación. Con el nuevo decreto, esa responsabilidad pasó a Trabajo y Finanzas. El proceso de absorción convirtió a algunas carteras y secretarías en viceministerios. Para destrabar esa figura, se derogaron dos incisos de un decreto firmado en julio de 2016 por Rafael Correa. Aquella norma limitaba a una sola viceministratura a instituciones con menos de 1.000 servidores. Y obligaba a suprimir de inmediato las que excedieran ese número. También se recordó que el decreto del 29 de diciembre de 2009 exigía autorización presidencial para crear viceministerios. Esa autorización debía contar con informes previos de Planificación, Trabajo y Finanzas. En paralelo, se confirmó que el Ministerio de Obras Públicas absorbió al Ministerio de Vivienda y a la Secretaría Técnica de Inversiones. La medida apuntó a ordenar la estructura del Estado tras la oficialización del 15 de agosto de 2025. El Gobierno también tramitó decretos para concretar las fusiones y asignar nuevos nombres a las carteras. Con estas decisiones, el plan de reorganización avanzó con tareas claras y reglas actualizadas.