El 19 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa ordenó que la Corte Constitucional deje el edificio Tamagar en Quito. La disposición llegó firmada por la ministra de Energía, Nancy Uriarte. El argumento era que el ministerio necesitaba más espacio tras su fusión con Ambiente. La notificación daba un plazo de un mes para el desalojo. El edificio Tamagar es la sede de la Corte desde 2019. El convenio fue renovado en 2024 y tenía vigencia de tres años. Según lo pactado, el contrato podía terminarse solo por mutuo acuerdo, incumplimiento o fuerza mayor. La medida sorprendió a los jueces y al país entero. El desalojo se interpretó como un golpe directo de Noboa a la Corte. Esto porque la CC ha frenado varios artículos de leyes impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas, reformas de seguridad que el Gobierno consideraba clave. El choque jurídico ha sido constante en los últimos meses. Pero la sorpresa fue mayor cuando en menos de 24 horas todo cambió. El 20 de agosto, la misma ministra Uriarte revocó la orden. El desalojo quedó sin efecto inmediato. La decisión calmó el ambiente solo por unas horas. La Corte mantiene su rol de árbitro sobre las leyes del gobierno. El intento de desalojo mostró hasta dónde puede llegar la pelea de poderes. La marcha atrás no borró la tensión política. La relación entre Noboa y los jueces sigue marcada por la confrontación.