Las autoridades de EE.UU. han reforzado las redadas migratorias con el objetivo de deportar a millas de inmigrantes.

ICE ha arrestado a más de 8.000 personas en ciudades como Nueva York, Chicago y Filadelfia.

A pesar del aumento de operativos, muchos detenidos han sido liberados debido a la falta de espacio en los centros de detención.

ICE solo dispone de 41,500 camas a nivel nacional, insuficientes para la cantidad de arrestos recientes.

Además, las órdenes judiciales impiden la retención indefinida de inmigrantes cuyos países no aceptan de regreso.

Un portavoz de ICE aseguró que la agencia busca garantizar la seguridad, pero se ve obligada a liberar a algunos detenidos.

Para evitar que desaparezcan del sistema, los migrantes liberados son monitoreados con brazaletes electrónicos o controles telefónicos.

Este programa, llamado Alternativas a la Detención (ATD), permite rastrear a los liberados mientras esperan su proceso legal.

El Gobierno de EE.UU. ha insistido en que no se aplique la “captura y liberación” en la frontera sur, pero la realidad en el interior del país es distinta.

ICE prioriza la detención de personas con antecedentes criminales, liberando a quienes no representan una amenaza grave.

Los países de origen juegan un papel clave, ya que algunos no aceptan a sus ciudadanos deportados.

Recientemente, Venezuela accedió a recibir deportados, lo que podría reducir la cantidad de migrantes liberados.

Algunos inmigrantes también han sido liberados por razones médicas o por ser el único cuidador de sus hijos.

Las políticas migratorias de EE.UU. siguen endureciéndose, pero las restricciones judiciales generan dudas sobre su ejecución.

La controversia sigue abierta: ¿es viable una deportación masiva bajo estas condiciones?