Este miércoles 12 de junio, la Asamblea Nacional aprobó el primer debate del proyecto conocido como Ley Orgánica de Integridad Pública, con el apoyo mayoritario de la Comisión de Desarrollo Económico. Esta ley, que llega con carácter urgente, busca darle un giro total a la gestión pública, atacando viejas prácticas corruptas y modernizando el servicio estatal. La asambleísta Valentina Centeno dijo que la reforma va “al fondo del problema”, enfocándose en la lucha contra la corrupción estructural. La propuesta incluye sanciones para abogados por prevaricato, revisa tiempos de prisión preventiva, y plantea una nueva forma de evaluar a los servidores públicos. Además, promete hacer más eficiente la contratación estatal: se modificará el Registro Único de Proveedores (RUP), y se agilizarán herramientas como la subasta inversa y la licitación. El texto también introduce ferias inclusivas y menos papeleo para compras pequeñas. En el debate se discutieron otros puntos calientes como la economía popular y las sanciones para adolescentes infractores. La ley no se queda corta: impacta más de diez normativas nacionales, entre ellas el COIP, LOSEP, COGEP, la Ley de Empresas Públicas y hasta el Código de la Niñez. También afecta leyes sobre contratación, justicia y procesos financieros. La reforma alinea todo con nuevos estándares de integridad. Si se aprueba en segundo debate, podría marcar un cambio fuerte en la forma de hacer gobierno en Ecuador. Analistas creen que esto podría reducir la corrupción, que le cuesta al país el 5 % del PIB cada año. Los legisladores aseguran que la voz de la ciudadanía será escuchada antes del segundo debate. Esta ley representa una nueva oportunidad para recuperar la confianza en las instituciones. Empresas y ciudadanos esperan que las promesas se conviertan en realidad.