La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha solicitado prisión preventiva contra los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, ante la Corte Nacional de Justicia. La medida se solicita por su presunta participación directa en un caso de tráfico de influencias.

La Fiscalía argumenta que otras medidas cautelares, como un grillete electrónico o la prohibición de salida del país, no impedirían a los vocales entorpecer la administración de justicia. Sin embargo, para Vladimir Jhayya, juez de la Corte Provincial de Pichincha y presunto cómplice, la Fiscalía pide la imposición de dichas medidas.

El caso se basa en un presunto abuso de cargo para influir en otros servidores judiciales en un caso que resultó en la destitución de Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional. La acusación se sustenta en 43 elementos de convicción, entre ellos un audio filtrado que presuntamente evidencia la solicitud de apoyo a un juez por parte de los vocales.

La acusación se encuentra en proceso y las implicaciones legales podrían llevar a penas de tres a cinco años de cárcel.

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