El presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Alí Lozada, ha solicitado a los poderes Ejecutivo, Legislativo, y de Transparencia y Control Social la designación de las personas que conformarán la Comisión Calificadora encargada del proceso de renovación parcial de los miembros del Pleno de la Corte. Esta solicitud, realizada el lunes 5 de agosto de 2024, marca el inicio de un importante proceso que concluirá con la renovación de tres jueces en febrero de 2025.

Los oficios fueron dirigidos a Daniel Noboa, presidente del Ecuador; Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional; y Xavier Torres, presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Esta comisión es fundamental para garantizar la transparencia y la idoneidad del proceso de selección de los nuevos jueces.

En febrero de 2025, tres de los seis jueces y juezas que fueron posesionados en 2019 concluirán su periodo. La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que el Pleno de la Magistratura debe renovarse cada nueve años, con tres jueces siendo reemplazados cada tres años. La última renovación se realizó en febrero de 2022.

El artículo 179 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales dispone que, con seis meses de antelación a la conclusión del periodo de los jueces, el presidente de la Corte Constitucional debe solicitar a las máximas autoridades de los poderes correspondientes la designación de las personas que integrarán la Comisión Calificadora. Estas autoridades tienen un plazo máximo de 10 días para designar, cada uno, a dos personas para integrar dicha comisión. Si los perfiles no cumplen con los requisitos, deberán designar reemplazos en un término de tres días.

Cinco días después de la designación de la Comisión, sus miembros deben ser posesionados por el presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Una vez posesionados, la Comisión comenzará el proceso para designar a los jueces y juezas que reemplazarán a parte de la terna del Pleno de la Corte Constitucional. Este proceso se realizará a través de un concurso público de méritos y oposición entre los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos por la Constitución.

Además, el proceso de selección garantizará la paridad de género y contará con un espacio para impugnaciones y comparecencias orales públicas, asegurando la transparencia y equidad del mismo. Esta renovación es esencial para mantener la integridad y el buen funcionamiento de la Corte Constitucional, una de las instituciones más importantes en la estructura judicial del país.

La Corte Constitucional juega un papel crucial en la defensa y garantía de los derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos. Por ello, el proceso de selección de sus miembros debe ser riguroso y transparente, garantizando que solo los candidatos más capacitados y comprometidos sean seleccionados para ocupar estos importantes cargos.