El pasado viernes 4 de octubre de 2024, la Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter) sobre el rescate de una menor de 17 años en un prostíbulo ubicado en el sector de La Mariscal, en Quito. Este operativo, realizado en coordinación con la Unidad contra la Trata de Personas de la Policía Nacional (UNAT), tuvo lugar la noche del 3 de octubre y concluyó con la detención de dos individuos: Héctor A. R., propietario del local, y Juan Francisco A. T., administrador del establecimiento.

El allanamiento, llevado a cabo en flagrancia, permitió a las autoridades liberar a la adolescente, quien habría sido víctima de explotación sexual en el centro de tolerancia. Según el parte policial, uno de los implicados, Héctor A. R., intentó escapar por una puerta de emergencia durante la intervención. Sin embargo, un agente de la UNAT logró interceptarlo, asegurando su captura y evitando que huyera del lugar.

En la audiencia de calificación de flagrancia, realizada el lunes 7 de octubre, la Fiscalía presentó pruebas que incluían testimonios de los agentes y las evidencias encontradas en el establecimiento. La menor fue localizada en una de las habitaciones y, al ser interrogada, confirmó que tenía 17 años, aunque había reportado la pérdida de sus documentos de identificación. Ante esta situación, la Fiscalía solicitó una pericia psicológica para la víctima, con el fin de evaluar su estado emocional y las circunstancias en las que se encontraba.

Con base en estas pruebas, el juez dictó prisión preventiva para Héctor A. R. y Juan Francisco A. T. La Fiscalía abrió una instrucción fiscal de 30 días para investigar el caso en profundidad. Según el artículo 100 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los procesados podrían enfrentar hasta 19 años de cárcel por el delito de explotación sexual de menores.

El rescate de la menor es parte de los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas para combatir la trata y explotación sexual en el país. La Policía Nacional y la Fiscalía continúan con las investigaciones para desmantelar posibles redes delictivas que operen en la zona y así garantizar la protección de los menores de edad. Este caso destaca la importancia de la cooperación entre las instituciones judiciales y policiales para frenar estos crímenes y velar por la seguridad de los ciudadanos.