La fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció la noche del lunes 19 de agosto que está lista para enfrentar el juicio político que se tramita en su contra en la Asamblea Nacional. Este anuncio se produce después de que su médico le diera luz verde, poniendo fin a la pausa que solicitó el pasado 16 de mayo debido a un embarazo de alto riesgo. En su declaración, Salazar calificó el proceso como un "narcojuicio", sugiriendo que es una revancha por parte de sus opositores políticos, especialmente del correísmo, por los casos que ha liderado desde su posición.

"Hoy, por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud, y con la autorización de nuestro médico, puedo contarles que la pausa, que obligatoriamente debimos tomar, ha llegado a su fin", expresó Salazar en un video compartido en sus redes sociales.

Salazar, quien ha estado al frente de investigaciones de alto perfil como los casos Metástasis, Purga, Plaga, y Vocales, aseguró que las acusaciones en su contra no tienen sustento y advirtió que algunos procesados podrían aprovechar el juicio político para distorsionar las investigaciones que lleva adelante.

El juicio político contra la fiscal Salazar ha sido impulsado por dos asambleístas del correísmo: Gisella Garzón y Héctor Valladarez. Garzón acusa a Salazar de incumplimiento de funciones en varios casos, incluyendo el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, y la falta de acción en los asesinatos de fiscales. Por su parte, Valladarez la acusa de encubrimiento en posibles casos de lavado de activos y otras supuestas irregularidades.

El 16 de mayo, Salazar solicitó una suspensión temporal del juicio debido a su embarazo de alto riesgo, buscando evitar el estrés asociado con el proceso. Sin embargo, ahora que cuenta con el visto bueno de su médico, está dispuesta a comparecer ante la Comisión de Fiscalización para defender su gestión.

La Asamblea Nacional ha indicado que la reactivación del juicio político se producirá tras el receso parlamentario, momento en el que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá reunirse y resolver sobre la petición de Salazar. Mientras tanto, la fiscal continuará con su trabajo, avanzando en los casos que se encuentran bajo su responsabilidad.