A medida que se acerca el Referéndum y Consulta Popular 2024 en Ecuador, programado para el próximo domingo 21 de abril, el país se prepara para una jornada cívica crucial. Sin embargo, lo que destaca este año son las severas sanciones económicas que enfrentarán aquellos ciudadanos que evadan sus responsabilidades electorales.

Según el Código de la Democracia, aquellos habilitados para votar y que no asistan a sufragar serán sancionados con una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), que asciende a USD 46,00. Esta medida busca asegurar una alta participación ciudadana en decisiones que marcan el futuro del país.

Las implicaciones son aún más graves para los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV). Aquellos que falten a su función tendrán que pagar el 15% del SBU, representando una multa de USD 69,00. Además, si un MJRV no asiste a la capacitación necesaria, se enfrenta a una sanción adicional del 10% del SBU. Pero la pena más severa se reserva para aquellos que abandonen las mesas electorales, con multas que oscilan entre 11 y 20 SBU, es decir, de USD 5.060 a USD 9.200.

A pesar de estas rigurosas sanciones, hay un resquicio para los electores o MJRV que enfrenten circunstancias atenuantes. Estos individuos podrán presentar sus justificaciones para ser evaluadas por las autoridades correspondientes, proporcionando así un margen de flexibilidad en casos excepcionales.