En un evento que ha capturado la atención pública y generado amplio debate, un video que muestra la tala de manglares en el Bosque Protector Esterillo Oloncito se viralizó, provocando una ola de críticas hacia la empresa Vinazin S.A.S., vinculada a Lavinia Valbonesi, la Primera Dama. Este bosque, protegido legalmente desde 2001, ha sido el foco de una polémica construcción que, según expertos en derecho ambiental, incumple con varias normativas ambientales.

Mónica Cabrera, reconocida ambientalista, ha sido una voz líder en el enfrentamiento contra lo que describe como un "atropello ambiental y legal". Cabrera argumenta que el registro ambiental otorgado por el Ministerio de Ambiente no es suficiente para proyectos de tal magnitud en áreas protegidas y que, en realidad, se requeriría una licencia ambiental más rigurosa. La situación es aún más complicada debido a que el proyecto implica alteraciones significativas al ecosistema del manglar y desafía una ordenanza local que limita la construcción en la zona.

Además, la polémica se intensifica con declaraciones de Ines Manzano, otra experta en derecho ambiental, quien critica la falta de consultas comunitarias adecuadas y la omisión de un proceso transparente y participativo. Según Manzano, los permisos otorgados carecen de las formalidades necesarias para garantizar la protección del área y el bienestar de la comunidad local.

La tensión en la comunidad es palpable, con comuneros y activistas manteniendo un plantón permanente para evitar más daños al manglar. Carteles con lemas como "No más deforestación" son un testimonio visible del descontento generalizado y del miedo a las repercusiones ecológicas irreversibles.

A medida que el escándalo continúa desarrollándose, queda claro que el proyecto Echo no solo es un punto de controversia ambiental, sino también un caso de prueba para la integridad y la eficacia de las políticas ambientales en Ecuador. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro del Bosque Protector Esterillo Oloncito y para establecer precedentes sobre cómo se manejan los derechos ambientales y comunitarios en conflictos de interés significativos.