Luisa González y Andrés Arauz recibieron un nuevo revés en la justicia electoral. El Tribunal Contencioso Electoral dejó en firme una multa de USD 18.000 por irregularidades en el manejo de los fondos de campaña de las elecciones anticipadas de 2023. La resolución fue notificada el 7 de mayo de 2026. El Pleno negó el recurso de apelación presentado por los denunciados. La causa también alcanza a Estefanía Molina Freire, responsable financiera de la alianza correísta en esa campaña. La sanción equivale a 40 salarios básicos unificados calculados al momento de los hechos. Según la resolución, el monto podrá cobrarse de forma total o compartida por los sancionados. El caso nació a partir de una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral. El organismo cuestionó la rendición de cuentas entregada tras la primera vuelta presidencial de 2023. Con esta decisión, el expediente suma presión sobre la dirigencia correísta.

Entre las observaciones del TCE aparecen al menos 10 hallazgos críticos no justificados. El tribunal mencionó la apertura tardía de cuentas bancarias y del RUC. También señaló aportes sin respaldo documental por USD 6.400. A eso se añade propaganda electoral no reportada, valorada en USD 174.930. Los jueces sostuvieron que la responsabilidad de los candidatos nace de su deber de vigilancia sobre el financiamiento. Por eso mantuvieron la responsabilidad solidaria de González y Arauz dentro del proceso. El fallo también dispone enviar copias certificadas del expediente a la Fiscalía. Allí se deberá revisar si existen posibles delitos ligados al origen de los aportes y a publicidad no reportada. Desde el correísmo hubo reacción tras la decisión del tribunal. Rafael Correa cuestionó en X que la sanción alcanzara a Molina y no al exjefe de campaña Santiago Díaz, quien quedó fuera de la denuncia.