Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, ha presentado acciones de protección contra los canales de televisión Ecuavisa y Teleamazonas, exigiendo que ambos medios lo entrevisten para responder a las declaraciones emitidas por la fiscal general, Diana Salazar. Terán, actualmente detenido por obstrucción a la justicia y vinculado al caso Metástasis, alega que Salazar afectó su imagen durante una entrevista en el programa Contacto Directo de Ecuavisa, el 23 de agosto de 2024, donde se le acusó de tener vínculos con el narcotráfico y controlar la Corte Nacional de Justicia.

Desde la Cárcel 4, en Quito, Terán solicitó que los jueces ordenen a ambos medios de comunicación brindarle un espacio en las mismas condiciones que la fiscal Salazar tuvo para defenderse públicamente. En su acción de protección contra Ecuavisa, presentada el 27 de agosto, el exfuncionario pide que se le realice una entrevista en el mismo programa, el mismo día y a la misma hora en que Salazar fue entrevistada. Incluso exige que sea el periodista Carlos Rojas quien lo entreviste.

El recurso legal presentado por Terán será analizado por un tribunal compuesto por los jueces penales Galo Rumiguano, Pablo Coello y Milton Maroto. La audiencia pública en la que se resolverá esta solicitud se llevará a cabo este viernes 13 de septiembre a las 14:30 en Quito.

Pero Ecuavisa no es el único canal en la mira de Terán. Un día después de presentar la primera acción de protección, el exfuncionario interpuso una solicitud similar contra Teleamazonas, argumentando que también quiere una réplica por las declaraciones de la fiscal. Sin embargo, en este caso no exige un día o periodista específico para la entrevista. Esta segunda acción está en manos de la jueza Margarita Ortega, de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia de Quito.

El pedido de Terán ha generado reacciones mixtas en la opinión pública. Para algunos, la solicitud de ser trasladado desde prisión para realizar una entrevista en vivo en televisión nacional es una estrategia sin precedentes que desafía las normas convencionales del sistema judicial y mediático del país. Otros consideran que la demanda busca defender el derecho a la réplica, un principio fundamental en cualquier democracia.

Actualmente, Wilman Terán se encuentra procesado por obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial y por delincuencia organizada en el caso Metástasis, que involucra a altos funcionarios judiciales en una red de corrupción. La investigación ha revelado detalles sobre su presunta relación con figuras del narcotráfico, lo que agrava su situación legal.

Las leyes ecuatorianas permiten que los ciudadanos presenten acciones de protección para salvaguardar sus derechos, pero el pedido de Terán ha causado controversia debido a las condiciones en las que se encuentra. La fiscal general, Diana Salazar, por su parte, ha mantenido su postura respecto a las declaraciones que emitió sobre el exfuncionario, y se espera que el tribunal resuelva si el exfuncionario recibirá el espacio de réplica que demanda.