En un giro dramático de eventos, Vicente Arce, un ciudadano ecuatoriano, presentó este lunes un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo una condena en contra del Estado ecuatoriano por una supuesta detención ilegal y agresiones sufridas durante un operativo antidrogas en 1995.

Arce, quien pasó tres años en prisión preventiva sin una boleta de detención formal, denunció las condiciones inhumanas durante su encarcelamiento, incluyendo la falta de atención médica adecuada y aislamiento prolongado. Este escenario desolador le provocó severas consecuencias en su vida profesional, siendo rechazado laboralmente por su pasado como exconvicto.

El caso, que también involucra a Walter Reyes y José Serrano, pone en evidencia las prácticas judiciales cuestionables en Ecuador durante la década de los 90, especialmente en el manejo de casos relacionados con drogas. Erick Acuña, asesor de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, destacó la ilegitimidad de las detenciones, que se llevaron a cabo sin órdenes judiciales y sin informar a los detenidos de los motivos de su arresto.

Por su parte, el Estado ecuatoriano, representado por el abogado Alonso Fonseca, defendió la legalidad de las detenciones, argumentando que estas se realizaron bajo la ley vigente en ese momento y que se mantuvieron las garantías procesales básicas. Sin embargo, la CIDH cuestiona la validez de estas afirmaciones, enfatizando la ausencia de órdenes judiciales y las prolongadas detenciones preventivas.