Un caso de violación de derechos humanos cometido en 1995 ha sido reabierto por la Fiscalía. Se han formulado cargos contra tres militares retirados por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación ilegal de la libertad y la tortura, entre otros tratos crueles e inhumanos.

Los militares acusados formaron parte del Departamento de Inteligencia Napo de la Brigada de Selva 19 Napo. Durante el periodo de instrucción del caso, que durará 90 días, no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente en el juzgado.

Los sucesos se remontan a 1995, cuando estos militares allanaron sin orden judicial el hogar de Máximo L., a quien detuvieron arbitrariamente. A pesar de las protestas de los vecinos y policías que intentaron intervenir, los militares se llevaron a Máximo en un helicóptero.

Según el testimonio de Máximo, fue sometido a tortura en las instalaciones de la Brigada Militar, donde fue incomunicado y golpeado repetidamente. Bajo la coacción, se vio obligado a confesar un delito que no cometió.

La Fiscalía ha tipificado los hechos como un crimen grave contra los derechos humanos, de acuerdo con el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los acusados enfrentan cargos de privación ilegal de la libertad y tortura, con penas de hasta trece años de prisión.