Ambato está viviendo un momento crítico en su historia política. Los concejales de esta ciudad han decidido tomar un paso audaz al iniciar un proceso legal contra la alcaldesa Diana Caiza. Este conflicto surge en el contexto de la suspensión de una sesión extraordinaria convocada para el viernes pasado, que los concejales abandonaron, alegando su ilegalidad y su compromiso con no incumplir la ley. Durante está sesión abandonaron la sala los concejales: María José López, Diego Proaño, Gonzalo Callejas, Rumiñahui Lligalo, Anabell Pérez y Sabina Gamboa; por otra parte se quedaron en la sesión: Sandra Caiza, Carlos Ibarra, Patricia Shaca, Luis Manobanda, Patricio Lozada, Eliana Rivera y la Alcaldesa Diana Ciaza, a quienes no les alcanzó el cuórum porque el concejal Alex Valladares no asistió por encontrarse delicado de salud, justificando su ausencia con anterioridad.

La concejal Anabell Pérez en rueda de prensa convocada para está mañana, con firmeza, expresó su rechazo. "No podemos abalar una sesión convocada ilegalmente", afirmó, destacando la importancia del respeto a la legalidad en la administración pública.

La acción no solo se centra en la legalidad de las sesiones, sino también en una serie de irregularidades administrativas. Los concejales han puesto bajo la lupa temas como el incumplimiento de traspasos presupuestarios y la falta de actualización de catastros. Además, la designación del gerente de EMAPA ha sido marcada como ilegal. Estas preocupaciones fueron enviadas a la Contraloría General del Estado para su análisis.

Pero el conflicto no termina ahí. La administración municipal, liderada por la alcaldesa Caiza, ha insinuado supuestas vacunas políticas, una acusación que los concejales rechazan rotundamente. "La alcaldesa deberá justificar sus palabras", señaló Pérez, haciendo hincapié en la responsabilidad de no atacar la dignidad y honra de las personas.

Sabina Gamboa, otra voz crítica en el concejo, denunció la construcción de "la peor historia de Ambato" basada en desconocimiento y querellas. Por su parte, el economista Diego Proaño enfatizó su apoyo a proyectos de ordenanza que beneficien a Ambato, rechazando la etiqueta de oposición y defendiendo los intereses de 370 mil ambateños.

Gonzalo Callejas, miembro del concejo, expresó su deseo de soluciones y mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Destacó que su rol como concejal es legislar y fiscalizar, siempre con una actitud propositiva.

Finalmente, Rimiñahui Lligaló hizo un llamado a la alcaldesa para solicitar las herramientas normativas necesarias para gobernar efectivamente, además que cuando fue cuestionado por el tema de revocatoria de mandato mencionó que eso depende de la sociedad civil y que los concejales no han hablado del tema. Mientras tanto, Miguel Paredes, representante de la red de plazas y mercados que asistió a la rueda de prensa, pidió a las autoridades alcanzar acuerdos en beneficio de la ciudadanía y respetar la ley, quiero ver a la ciudad Limpia, Ordenada y Segura.

Un dato importante es que un hecho parecido sucedió en agosto de 2019 en el que Diana Caiza como concejal y otros cinco ediles se retiraron demostrando inconformidad con la documentación de esa sesión durante el periodo anterior.

Este drama legal y ético en Ambato sigue desarrollándose, y los ciudadanos esperan respuestas claras y acciones concretas que resuelvan estos problemas institucionales.

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