La audiencia de formulación de cargos en contra de 26 personas, entre ellas Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez, por su presunta participación en un esquema de comercialización ilegal de combustibles conocido como el Caso Triple A, ha sido aplazada para el próximo 6 de noviembre. Esta decisión fue anunciada por el juez Jairo García, quien explicó que la suspensión se debe a cambios en la representación legal de algunos de los implicados.

El juez García, especializado en casos de corrupción y crimen organizado, también informó que no podrá reinstalar la audiencia en los próximos días debido a que asistirá a un curso en Puerto Rico durante las siguientes dos semanas. Además, el feriado nacional de inicios de noviembre limitó aún más la disponibilidad del tribunal, lo que hizo que el 6 de noviembre sea la primera fecha posible para la nueva audiencia.

Este caso, que ha levantado grandes expectativas, involucra a figuras conocidas como el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su hermano Antonio Álvarez, presidente del Barcelona SC, además de otros miembros de su familia y sus empresas, como Copedesa Gasgrupo S.A.. Según investigaciones del Gobierno, la presunta red de comercialización ilegal de combustibles habría causado un perjuicio económico de aproximadamente USD 94 millones al Estado ecuatoriano.

Las acusaciones sugieren que las empresas vinculadas a los Álvarez habrían vendido alrededor de 743 000 galones de combustible a una sola entidad, que luego distribuyó el producto a instituciones cuyos vehículos no tenían placas, lo que ha generado sospechas. Aún más polémico es el descubrimiento de que un solo trabajador de la compañía era dueño de más de 8 000 vehículos en los registros, con uno de estos carros comprando 117 000 galones de combustible.

El Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus Derivados, representado por la asambleísta Lucía Jaramillo, ha sido una de las voces más activas en la investigación del caso, señalando inconsistencias en las transacciones y en la documentación relacionada con las ventas de combustible. Las implicaciones de estas acusaciones son serias, con fuertes sanciones tanto para las personas naturales como para las empresas involucradas.

Mientras la fecha del juicio se acerca, Aquiles Álvarez, quien también es alcalde de Guayaquil, ha mantenido su postura de inocencia. Recientemente, tras la suspensión de la audiencia, compartió un mensaje bíblico en sus redes sociales, interpretado por muchos como una señal de tranquilidad ante la situación.

El Caso Triple A sigue siendo uno de los escándalos de corrupción más seguidos en Ecuador, y la audiencia del próximo mes será crucial para determinar el destino de los acusados y el impacto legal y político que este proceso podría tener a nivel nacional.

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