La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transparencia Social como económica urgente el 26 de agosto. El texto recibió 78 votos de ADN y sus aliados tras poco más de dos horas de debate. La facción de Pachakutik cercana al gobierno volvió a dividirse en la votación. Revolución Ciudadana cuestionó que la norma buscó vigilar y controlar a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. El PSC se sumó a las críticas y advirtió que rechazaría un voto en bloque. El socialcristiano Alfredo Serrano aseguró que el proyecto creó dos impuestos nuevos. Serrano afirmó que se castigó a las empresas que reinvirtieron utilidades con un tributo a los dividendos. Desde ADN, la legisladora Mishel Mancheno negó la creación de tributos nuevos. Mancheno explicó que se obligó a pagar el impuesto sobre dividendos que muchas firmas mantenían sin declarar. Según el SRI, las empresas acumularon alrededor de USD 29.000 millones en utilidades no repartidas por más de una década. Ella señaló que hay compañías que guardaron dividendos, no los repartieron ni los invirtieron y eso afectó a la economía. La bancada de gobierno defendió que la ley buscó combatir lavado de activos y la infiltración del crimen organizado en ONGs y fundaciones. RC, en voz de Liliana Durán, dijo que el proyecto persiguió líderes sociales y reveló datos privados. Durán calificó al informe como una nueva “Ley Trole” por incluir cambios a minería y a la liquidación de empresas públicas. Serrano reclamó que entre el primer y el segundo debate aparecieron cambios ajenos al eje central. El PSC levantó alerta por una transitoria que tocó directamente al IESS. La sexta transitoria estableció que el IESS no cobre multas ni recargos a entidades estatales o empresas públicas que asuman pasivos de aportes por liquidación. El texto incluyó capital adeudado, intereses y demás recargos dentro de esa excepción. Serrano recordó que la Constitución separó los recursos de la Seguridad Social de los del fisco y los protegió de injerencias. La votación se realizó en un solo bloque y cerró con 78 voluntades tras una rectificación que involucró a la alterna Saant Juank de RC y a una asambleísta de ADN.