Con 81 votos, la Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. La decisión ratificó la designación de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. El trámite se desarrolló la noche del miércoles 8 de octubre de 2025, en vísperas del feriado nacional. El informe para segundo debate llegó desde la Comisión de Régimen Económico, presidida por Nathaly Farinango de ADN. Los respaldos provinieron de la bancada oficialista, de independientes y de asambleístas expulsados de Pachakutik. En el debate, el oficialismo defendió cambios descritos como profundos y orientados a modernizar el sistema financiero. Farinango afirmó que la reestructuración consolidó la creación de una única Junta con autonomía funcional, técnica e institucional. Esa Junta, designada por la Asamblea, reemplazó a las antiguas juntas separadas y se convirtió en el máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador, según su exposición. El texto insistió en la conformación de la Junta con cinco miembros propuestos por el Presidente de la República. Esos integrantes fueron designados y posesionados el 16 de septiembre en el Legislativo, dentro de la Ley de Integridad Pública. Esa norma fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por la forma, y por eso el Parlamento reabordó la materia. Los designados en septiembre fueron Gustavo Camacho por cuatro años; Silvia Daniela Moya por tres; Roberto Basante por tres; María Camacho por dos; y Jennifer Rubio Abril por dos. Las reformas establecieron que el Banco Central del Ecuador será un ente autónomo en la Función Ejecutiva. También ampliaron sus competencias y actualizaron la regla de respaldo de las reservas internacionales. El proyecto impulsó innovación financiera mediante espacios controlados para nuevas tecnologías y servicios. Se modernizó el sistema de pagos con regulación para medios electrónicos, billeteras digitales y transferencias. Además se promovió la interoperabilidad y la inclusión financiera en todo el ecosistema. La Superintendencia de Bancos recibió mayores facultades de supervisión y quedó obligada a rendir cuentas ante la Asamblea. Se dispuso crear un seguro paramétrico como programa de aseguramiento agroalimentario y ganadero. Tras la votación, se registraron 63 votos en contra de la Revolución Ciudadana y 5 abstenciones, y el presidente Daniel Noboa tiene 30 días para vetar o sancionar lo resuelto, con publicación en el Registro Oficial si no presenta observaciones.