El proyecto de ley que mandó el presidente Daniel Noboa fue cambiado casi por completo por la Asamblea y ahora se llama Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Con 84 votos a favor, los legisladores dieron luz verde a un marco legal que regula el actuar del Estado frente a un conflicto armado interno. Se declaró que para que haya conflicto armado no internacional se necesita un decreto del presidente, y otro decreto marcará su fin. Esto va en contra de lo que dijo la Corte Constitucional, que insiste que no hace falta ningún decreto para eso. La nueva ley no equivale a un estado de excepción, así que no se pueden limitar derechos sin ese mecanismo. También se establecieron criterios para identificar un conflicto, como la intensidad de la violencia o el nivel de organización del grupo armado, pero los detalles los pondrá el Ejecutivo en un reglamento. Noboa podrá ordenar medidas económicas y operativas para fortalecer a las fuerzas del orden. Se autoriza el uso de fuerza directa en zonas donde operen bandas criminales. Quienes donen recursos al Ejército recibirán rebajas de hasta el 30% en el impuesto a la renta. Se sancionará con hasta 30 años a quienes pertenezcan o financien grupos armados. Además, se incautarán bienes y se publicará una lista mensual para que los verdaderos dueños reclamen. Los policías y militares serán evaluados cada seis meses para evitar infiltraciones o vínculos con mafias. También se mantienen allanamientos sin orden judicial, pero con control posterior. El indulto anticipado fue cambiado por uno diferido, válido solo tras sentencia ejecutoriada. Los militares aún podrán pedir la baja, pero con límite anual según cada fuerza. El procedimiento judicial contra estos delitos será más rápido y sin diferimientos. Noboa tiene ahora dos opciones: firmar el texto o devolverlo. Si lo aprueba, entra en vigencia. Ecuador se prepara legalmente para una guerra interna sin margen de error.