La Asamblea Nacional aprobó una resolución para fiscalizar el financiamiento de campaña de la Revolución Ciudadana. La medida apuntó a revisar presuntos aportes venezolanos en la campaña del movimiento. El Pleno rechazó cualquier intento de encubrimiento del régimen de Nicolás Maduro. En la sesión, el Legislativo calificó a ese régimen como una organización criminal. La resolución dispuso el inicio de un proceso de control político a la RC. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social quedó encargada de la investigación. Ese organismo tuvo la misión de indagar el origen de los recursos señalados. La decisión se enmarcó en las atribuciones de fiscalización que le otorgaba la Constitución. Además, la Asamblea solicitó al Consejo Nacional Electoral entregar información completa. El pedido incluyó informes, registros y documentación sobre aportes y gastos de campaña. El objetivo declarado fue esclarecer la legalidad y procedencia de los fondos. El Legislativo enfatizó que no permitiría silencio político ante posibles vínculos con dinero ilícito. El documento expresó la solidaridad del Ecuador con el pueblo venezolano. También ratificó el respaldo a una transición democrática respetuosa de derechos y libertades. El texto recordó la crisis social, económica y política que vivía Venezuela. Asimismo mencionó denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos. Se hizo referencia al desplazamiento forzado de millones de ciudadanos venezolanos. La solicitud al CNE se orientó a transparentar el control de los aportes reportados. La investigación fue presentada como parte de un esfuerzo de rendición de cuentas. Con la aprobación de la resolución, el proceso de fiscalización quedó oficialmente en marcha.