La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó iniciar la fiscalización. La decisión tuvo siete votos a favor. El enfoque fue revisar los actos de violencia en el paro nacional de septiembre de 2025. El paro, impulsado por la Conaie, cumplía ocho días. La moción la presentó la legisladora Jhajaira Urresta. Ella la definió como un acto de responsabilidad democrática, no de confrontación. El asambleísta Mario Amado Zambrano citó el artículo 21 numeral 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También recordó el artículo 26 numeral 3 que marca la exclusividad de la comisión en estos procesos. El pleno coincidió en que la protesta social es legítima con límites claros. Esos límites incluyeron rechazar la violencia, el daño a servicios públicos y riesgos a la seguridad del Estado. La resolución aprobada será comunicada al Presidente de la Asamblea. También llegará a los presidentes y secretarios relatores de las comisiones. En paralelo, la Conaie denunció la muerte de Efraín Fuerez en Cotacachi. El hecho ocurrió en medio de las protestas. El Gobierno de Daniel Noboa reportó que un convoy humanitario hacia Imbabura fue atacado. El Ministerio del Interior informó 90 detenciones hasta ese lunes. La Conaie señaló traslados de algunos detenidos a la cárcel de Esmeraldas. Ese centro fue escenario reciente de una masacre entre reos. Los cierres viales se expandieron más allá de Imbabura. Al octavo día, las manifestaciones ya alcanzaban otras provincias.