El manejo de las cámaras de seguridad de Quito vuelve a generar fuertes dudas. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el Gobierno asumirá el control del centro de videovigilancia de la capital. Reimberg también recordó sus denuncias sobre la presunta participación de exfuncionarios de la antigua Senain en sistemas de monitoreo vinculados al Municipio. Las declaraciones vuelven a poner la atención sobre quién puede acceder a las imágenes captadas en la ciudad.

En Guayaquil ya ocurrió un caso que encendió las alertas sobre estos sistemas. Reimberg denunció que Segura EP habría sido utilizada como una “sala de espionaje”. También reveló la existencia de una denominada “sala espejo” instalada en dependencias municipales, desde donde se podía acceder al sistema de videovigilancia. El caso llegó a la Fiscalía y también abrió un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional.

Ahora los cuestionamientos alcanzan a Quito y aumentan las dudas alrededor del manejo de las cámaras municipales. El Municipio capitalino es administrado por el alcalde Pabel Muñoz, dirigente de la Revolución Ciudadana. Los señalamientos sobre antiguos funcionarios de inteligencia amplían una discusión que ya involucra a las dos principales ciudades del país. La principal duda es si herramientas destinadas a proteger a los ciudadanos pudieron ser utilizadas para vigilarlos o quedar expuestas al acceso de estructuras criminales o GDO.

Las acusaciones deberán ser investigadas y comprobadas por las autoridades competentes. Tras los antecedentes señalados en Segura EP y las nuevas dudas en Quito, surge el pedido de revisar el acceso, almacenamiento y utilización de las cámaras municipales. El debate ahora apunta a determinar quién controla estos sistemas, quién entra a ellos y qué garantías existen para proteger la información de los ciudadanos.