El gobierno de EE.UU. aseguró que no violó la orden de un juez que bloqueaba la deportación de venezolanos acusados de ser pandilleros. A pesar de la decisión judicial, 250 personas fueron enviadas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, usada en tiempos de guerra.

El juez James Boasberg ordenó frenar las deportaciones y que cualquier avión en vuelo regresara. Sin embargo, la Casa Blanca argumentó que la orden se emitió después de que los migrantes ya habían salido del país.

Los deportados fueron señalados como miembros del Tren de Aragua, una temida organización criminal. Autoridades estadounidenses pagaron a El Salvador para retenerlos en sus cárceles.

Este hecho generó dudas sobre el alcance del poder de la administración Trump. Grupos de derechos humanos advierten que la ley utilizada podría estar afectando a personas sin vínculos criminales.