Un centro de rehabilitación clandestino fue clausurado en el barrio Lucha de los Pobres, en el sur de Quito, luego de que las autoridades encontraran a 36 personas viviendo en condiciones de hacinamiento y en un entorno insalubre. La intervención fue realizada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en conjunto con el Cuerpo de Agentes de Control, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, quienes actuaron tras recibir una alerta a través del ECU 911.

Según los reportes, los supuestos pacientes dormían en colchones viejos tirados en el suelo, mientras que el ambiente de la clínica era deplorable. Se encontraron varias habitaciones abarrotadas de ropa sucia y botellas de alcohol esparcidas por repisas y refrigeradores. Además, la cocina y la comida estaban en pésimas condiciones de higiene, representando un grave riesgo para la salud de las personas internadas.

Yessenia Cabezas, líder zonal de la AMC para la administración Eloy Alfaro, informó que algunos de los internos habían sido trasladados desde otros centros de rehabilitación, mientras que otros afirmaban haber sido secuestrados y sometidos a maltratos físicos. "Atendimos este incidente tras la alerta del ECU 911, y encontramos a personas que adujeron haber recibido maltrato físico y estar en contra de su voluntad en este lugar", señaló Cabezas.

La falta de una Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) vigente fue uno de los principales motivos de la clausura. Según la normativa municipal, el responsable del centro de tratamiento de alcoholismo y drogodependencia podría enfrentarse a una multa de hasta USD 3,680 por operar sin la licencia correspondiente. Las autoridades recalcaron la importancia de que los centros de rehabilitación cuenten con las autorizaciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes buscan ayuda para superar sus adicciones.

Este tipo de operativos refuerzan el control sobre los establecimientos que operan sin las condiciones adecuadas para el tratamiento de personas que sufren de adicciones. Las autoridades aseguraron que se mantendrán alertas para evitar que estos lugares clandestinos sigan poniendo en riesgo la vida de sus internos.