En un giro reciente en la política ecuatoriana, Diana Salazar, la fiscal general, enfrenta una nueva solicitud de juicio político. Esta vez, se le acusa de mantener reuniones con Ronny Aleaga, legislador prófugo implicado en el caso Metástasis. La Fiscalía reveló que esta acusación constituye una tercera causal de incumplimiento de funciones, sugiriendo una relación circunstancial con Aleaga.

Durante la presentación de la solicitud de juicio, Héctor Valladarez, asambleísta vinculado a la Revolución Ciudadana, omitió mencionar esta tercera causal. En cambio, destacó acusaciones previas sobre supuesto encubrimiento de lavado de activos e inacción en casos significativos. La revelación de estos encuentros ha generado controversia, dado que Aleaga ha sido vocal en redes sociales, desacreditando a Salazar y acusándola de complicidad en fugas de información.

La entidad fiscal afirmó que tales acusaciones carecen de validez jurídica y responden a estrategias de la Revolución Ciudadana para socavar la legitimidad del caso Metástasis. Según la Fiscalía, estas maniobras buscan proteger a Aleaga y otros asociados, desviando la atención mediante narrativas infundadas.

El conflicto escaló cuando, en una reciente sesión de la Comisión de Fiscalización, se permitió una intervención telemática de Aleaga. Salazar, presente en la sesión, rechazó participar en lo que describió como un "show político", retirándose de la sala en señal de protesta.