Una investigación periodística encendió las alertas sobre el patrimonio de alcaldes y prefectos en Ecuador. El análisis revisó registros públicos de 225 alcaldes, incluidos tres subrogantes, y 23 prefectos. En total fueron observadas 248 autoridades seccionales. De ese universo, 79 registraron saltos patrimoniales inusuales en sus declaraciones ante la Contraloría. El trabajo también halló incrementos millonarios y variaciones fuertes en porcentajes y montos. En varios casos aparecen compras de terrenos, casas, vehículos de alta gama, ganado y equipo caminero. Otro dato que sacude es que 68 autoridades mantienen acciones o participaciones en compañías activas. Además, 29 siguen como administradores de empresas mientras ejercen funciones públicas. La serie fue elaborada por Spondylus Info Lab con apoyo del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para construirla se cruzaron datos de Contraloría, Superintendencia de Compañías, SRI y Función Judicial.

El reporte además retrata un mapa local marcado por violencia y causas penales. Cinco alcaldes han sido asesinados en ataques tipo sicariato o en hechos aún no aclarados. Otros cinco han sufrido atentados. A eso se suma que tres alcaldes están detenidos y enfrentan procesos por peculado, delincuencia organizada o lavado de activos. Esos casos corresponden a Pujilí, Esmeraldas y Guayaquil. Otro alcalde, el de Riobamba, sigue en funciones mientras espera su audiencia de juicio. Además, la prefecta de Guayas dejó el cargo antes de terminar su periodo. La investigación sostiene que estos datos abren preguntas fuertes sobre transparencia y control en los gobiernos locales. También deja en evidencia que las declaraciones patrimoniales públicas pueden mostrar señales que merecen revisión oficial. Con estas cifras, el foco queda puesto sobre cómo crece la fortuna de quienes administran provincias y municipios del país.