Inmersos en una nube de controversia, el concurso para seleccionar al nuevo Contralor General del Estado se ve envuelto en denuncias y caos administrativo. La situación se complica tras las aseveraciones del secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, Francisco Toral, quien ha puesto en tela de juicio la validez de los resultados de la prueba escrita, agitando las aguas en un ya tormentoso proceso. El 2 de octubre de 2023, un sombrío pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) intentó llevar luz al oscuro sendero que el concurso ha tomado.

Con un manto de dudas sobrevolando el concurso, el CPCCS garantiza a los postulantes el derecho a solicitar recalificaciones, sin embargo, este intento por mantener la transparencia se ve opacado por las insinuaciones de que hay más bajo la superficie de este conflicto. “Podrán solicitar por escrito y debidamente fundamentada, la recalificación”, indicaron, abriendo una ventana a nuevas turbulencias en el proceso, especialmente dado que solo 48 de los 103 aspirantes iniciales realizaron la prueba escrita.

El caos escaló cuando Toral alegó que los problemas eléctricos durante la aplicación de la prueba comprometieron los puntajes, poniendo una sombra de duda sobre la validez de las calificaciones emitidas. Este laberinto de acusaciones y demandas de anulación se entreteje con el hecho de que, de los 48 candidatos que presentaron la prueba, los resultados oficiales solo reconocen a 42, y con la página web del CPCCS inaccesible, las respuestas están trágicamente fuera del alcance.

¿Veremos la luz al final del túnel en este embrollado proceso de selección? Con la CPCCS pidiendo a los medios y a los comisionados “coadyuven a no difundir, ni publicar información falsa”, el camino hacia una resolución se ve aún más difícil. Este relato, imbuido con tensiones y reclamos, aún tiene más capítulos por escribirse, en un contexto donde la transparencia y la veracidad son los verdaderos protagonistas que se buscan.