El regreso a clases en la Sierra y Amazonía trae a la luz una realidad que preocupa: la violencia y los problemas emocionales que enfrentan miles de estudiantes en Ecuador. Los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) se han convertido en la primera línea de atención frente a casos de intentos de suicidio, bullying, violencia sexual, consumo de drogas, embarazos tempranos y hasta denuncias penales. Según el Ministerio de Educación, existen 16.152 instituciones educativas, de las cuales 12.327 son fiscales y cuentan con profesionales DECE. Actualmente, hay 3.664 expertos, pero en septiembre se contratarán 500 más para llegar a 4.164. Sin embargo, la carga es enorme: un solo profesional puede atender hasta 450 estudiantes. Entre 2022 y 2024 se registraron 1.195 casos de acoso escolar, con 609 en 2022, 432 en 2023 y 154 en 2024. Estos números muestran una caída en denuncias, pero también podrían reflejar subregistro. La psicóloga Isabel Solano explica que la ansiedad, el estrés y la depresión se dispararon tras la pandemia, afectando la concentración y motivación de los alumnos. Además, el acoso escolar sigue presente con agresiones físicas, verbales y exclusión social. A esto se suma la violencia intrafamiliar y hasta la institucional, donde hay abusos de autoridad o discriminación. Expertos piden más empatía, sensibilidad y sobre todo más profesionales para que cada caso tenga seguimiento real. El abogado José Manuel Portugal advierte que los DECE ya no son solo un espacio de apoyo, sino parte de un sistema de protección de derechos, que debe activar protocolos con Policía y justicia. La violencia del crimen organizado también golpea a las aulas, con niños y adolescentes expuestos a reclutamiento, amenazas y extorsión. Guayas es la provincia más vulnerable, seguida por Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Los pasillos escolares esconden un drama que exige más atención del Estado, más recursos y sobre todo más acción para proteger a quienes deberían estar seguros: los estudiantes.