José Serrano busca salir de prisión y apunta contra EE.UU. y Ecuador




Mientras sigue bloqueada su deportación, Serrano intenta convencer a la corte de que su arresto carece de base legal.
José Serrano busca salir del centro de detención migratoria de Krome, en Miami. El exministro del Interior de Rafael Correa lanzó una nueva ofensiva legal para recuperar su libertad. Su defensa sostiene que existe una persecución política en su contra. Según sus abogados, esa supuesta acción estaría coordinada entre el Gobierno de Daniel Noboa y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Incluso hablan de un presunto complot entre Noboa y Donald Trump para mantenerlo encerrado. La estrategia legal también incluye denuncias por una supuesta detención arbitraria. Además, cuestiona posibles fallas en el debido proceso. Este recurso aparece como el último intento de Serrano para dejar la cárcel migratoria. Su equipo ya había conseguido frenar su deportación. Ahora quiere dar el siguiente paso y salir de prisión.
En la demanda, el abogado Andrew Clopman afirma que Serrano tiene una influencia importante en redes sociales. El documento destaca que supera los 700.000 seguidores en X, donde publica críticas contra sus adversarios políticos. Clopman también aseguró que Noboa habría pedido a funcionarios estadounidenses que arrestaran a Serrano. A esa acción sumó una carta atribuida a Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio. En ese escrito se habría señalado que el asesinato del excandidato ha sido usado de forma política en repetidas ocasiones. Serrano forma parte de los procesos como presunto autor intelectual del crimen de Villavicencio. Si vuelve a Ecuador, tendría que cumplir prisión preventiva. Su defensa también dice ante la corte federal que el arresto prolongado tiene un carácter punitivo. Según ese reclamo, a Serrano le exigieron probar que no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad. El 13 de mayo de 2026, la jueza Romy Lerner negó su pedido de asilo, aunque le concedió un amparo bajo la Convención contra la Tortura, y el Gobierno de EE.UU. puede apelar hasta el 12 de junio.
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