Una jueza ordenó la libertad inmediata de cinco detenidos tras el ataque a la caravana presidencial en Cañar. La decisión se adoptó este 8 de octubre de 2025 en la Unidad Multicompetente de El Tambo. La jueza Erika Álvarez declaró ilegal la detención por violaciones al debido proceso. Detalló que hubo incomunicación y ausencia de lectura de derechos al momento de la aprehensión. La magistrada reconoció que los hechos se enmarcaron en flagrancia. Aun así, no permitió que la Fiscalía formulará cargos por la vulneración de derechos fundamentales. El ataque ocurrió el 7 de octubre de 2025 durante una visita de Daniel Noboa a Cañar. La Fiscalía informó que alrededor de 500 personas estaban en las inmediaciones del río Coyoctor. Se reportaron daños a vehículos de la caravana y tres militares resultaron heridos. El caso fue impulsado por la protesta del movimiento indígena contra la eliminación del subsidio al diésel. La Fiscalía intentó encuadrar el hecho como resistencia conforme al artículo 283 del COIP. Los detenidos fueron identificados como Luis Humberto Y. G., José G. Ch., Franklin Lorenzo P. P., Jaime Arcivíales G. G. y María Ana Ch. Q. El Gobierno denunció terrorismo y tentativa de asesinato contra el presidente. Ese señalamiento provocó una amplia condena internacional. En audiencia, los aprehendidos aseguraron que nunca se les leyeron los derechos en el sitio del operativo. La defensa sostuvo que la lectura ocurrió horas después, cerca de las 19:00, en la Subzona Azuay en Cuenca. Los abogados también denunciaron que la audiencia se realizó fuera del plazo de 24 horas. Afirmaron que sus defendidos permanecieron cerca de siete horas incomunicados sin contacto familiar ni asesoría inmediata. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, John Reimberg, calificó la liberación como una “traición”. Reimberg afirmó que presentaron partes, versiones y videos, confirmó que la investigación seguía en marcha y que la Casa Militar revisaba los protocolos de seguridad.