Después de años de espera, este 10 de junio la Asamblea Nacional votará el polémico proyecto de Ley de Inteligencia. Esta ley ha generado fuerte reacción por exigir a las operadoras telefónicas entregar información sobre sus usuarios sin necesidad de orden judicial. Además, contempla que funcionarios que trabajen en operaciones secretas puedan recibir una nueva identidad emitida por el Registro Civil. La Contraloría podrá incinerar documentos de inteligencia luego de revisarlos, lo que ha encendido las alarmas. También se incluiría la posibilidad de interceptar correos y mensajes sin intervención judicial. La información obtenida no se usará en juicios, sino para informes estratégicos. Críticos advierten que podría servir para perseguir a opositores. El proyecto establece la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, con siete subsistemas que van desde la inteligencia militar hasta la tributaria y penitenciaria. Su director será elegido por el Presidente, sin necesidad de tener experiencia comprobada en inteligencia. El PSC pidió que ese requisito se incluya, pero fue ignorado. Solo la Comisión de Seguridad de la Asamblea, controlada por el oficialismo, podrá pedir rendición de cuentas al sistema. Personas naturales, empresas y entidades públicas deberán entregar información sin rechistar. Revolución Ciudadana ya anunció reparos por posibles escuchas ilegales. El legislador Cristian Benavides advirtió que la ley podría violar derechos humanos como la privacidad. ADN, en cambio, defiende que todo es para anticiparse al crimen organizado. Algunos asambleístas temen que este tipo de control se preste para abusos. El país mira con atención lo que decidirán los legisladores. Todo apunta a una jornada tensa en el Pleno.