Este 12 de agosto se dio la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional. El origen del conflicto está en tres leyes; Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia que el presidente presentó como económicas urgentes para ser tratadas por la Asamblea y que ya acumulan 33 demandas de inconstitucionalidad. La Corte admitió al menos tres de estas demandas y, de forma provisional, suspendió 17 artículos de esas leyes, entre los que se incluyen disposiciones sobre la transformación de cooperativas en bancos y la recolección de datos para inteligencia. Sin embargo, varios sectores, como sindicatos, maestros, médicos y defensores de derechos, han rechazado varios artículos de estas leyes, considerando que afectan al país.

Esta situación ha llevado a una lucha entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Tanto el presidente como la Corte han sobrepasado los límites institucionales, afectando al país. Noboa ha criticado duramente las decisiones del tribunal. Asegura que dichas leyes buscan combatir la delincuencia, la corrupción y la pobreza, y acusa a los magistrados de actuar como un grupo cerrado e “entronizado”, ajeno al sentir popular. En cambio, desde la Corte se sostiene que su actuación es técnica, dirigida a salvaguardar los derechos constitucionales frente a normativas potencialmente lesivas. Esta tensión ha polarizado a la opinión pública.

Esta lucha entre poderes es perjudicial para el país y es fundamental destacar que la oposición entre poderes es parte de la democracia y debe ser vista como un equilibrio que lleve al diálogo, y no como un obstáculo.

Las confrontaciones entre Ejecutivo y Corte solo amplifican la inestabilidad económica, minan la confianza necesaria para el consumo, la inversión y la actividad diaria. Para preservar la paz y fortalecer las instituciones, se hace urgente que ambas partes prioricen el diálogo y busquen consensos desde el respeto mutuo.