Médico es sentenciado en Quito tras dejar tetrapléjica a una menor




El Tribunal concluyó que el médico incumplió normas de cuidado durante la intervención quirúrgica.
Un médico fue condenado en Quito por causar lesiones permanentes a una menor de edad durante una cirugía. El caso causó fuerte impacto por la gravedad del daño que sufrió la paciente. La Fiscalía General del Estado informó que Walter Ramón Á. Ch. recibió una sentencia de un año y ocho meses de prisión. El Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito lo declaró culpable como autor directo del delito de lesiones. Según la decisión judicial, el médico incumplió el deber objetivo de cuidado durante la intervención. La operación se realizó el 15 de marzo de 2024 en una clínica privada de Quito. La menor había sido sometida a una cirugía para corregir una escoliosis ya diagnosticada. Pero después del procedimiento su estado cambió de forma grave. La paciente perdió la movilidad de sus extremidades y tuvo que ser sometida a una segunda cirugía pocos días después. A pesar de eso, su salud siguió empeorando y luego fue trasladada a otro hospital privado para recibir atención especializada. Durante el juicio, la Fiscalía presentó peritajes y testimonios para sostener su acusación. Uno de los peritos determinó que la menor sufrió una lesión permanente en la médula espinal. Esa lesión le provocó tetraplejia y le impide mover sus extremidades. El informe pericial concluyó que el daño ocurrió por no aplicar las normas de seguridad y precaución obligatorias en este tipo de operación. Además, el médico que practicó la segunda cirugía detectó errores en el procedimiento inicial. Entre ellos, señaló que hubo una colocación incorrecta de tornillos en la columna vertebral, fuera de los pedículos. También se incorporaron testimonios de otros especialistas, pericias psicológicas y sociales, y el reconocimiento del lugar de los hechos. La sentencia incluye una multa de ocho salarios básicos unificados y el pago de 100.000 dólares como reparación integral. El médico también quedó inhabilitado para ejercer su profesión mientras dure la condena. El Tribunal dispuso además que una entidad pública garantice atención médica y tratamiento especializado permanente para la víctima.
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