Desde el 25 de julio, Ecuador comenzó a deportar a mil presos extranjeros que estaban por cumplir su condena. La orden vino del ministro del Interior, John Reimberg, quien confirmó que todos tienen prohibido regresar por 40 años. Se trata de reos involucrados en delitos como robo, tráfico de drogas y receptación. Los primeros en salir fueron más de 800 colombianos, trasladados bajo fuerte vigilancia al puente de Rumichaca, en la frontera norte. La decisión está respaldada por la nueva Ley de Integridad Pública, que deja claro que si regresan antes de tiempo estarían cometiendo otro delito. Reimberg fue tajante: “Aquí no hay espacio para quienes amenazan nuestra seguridad”. También advirtió que si alguno intenta entrar de nuevo en medio de un conflicto armado, será considerado objetivo militar. El proceso desató molestias en Colombia, donde la Cancillería respondió con una protesta formal. Dijeron que todo fue unilateral y sin coordinación. Pero Ecuador no se quedó callado. Aclaró que notificó a las autoridades colombianas desde el 8 de julio y que cada caso fue evaluado individualmente. La Migración colombiana confirmó que algunos fueron liberados por no tener procesos pendientes y otros fueron llevados a la cárcel en Ipiales. El presidente Gustavo Petro respondió con frases confusas, mientras Ecuador insistió en que actúa conforme a la ley. El Gobierno explicó que esto también sirve para aliviar las cárceles y frenar al crimen organizado. La deportación sigue firme y los que se fueron, no vuelven hasta el 2065.