La fiebre del oro no da tregua en Ecuador y ya no se trata solo de minas clandestinas, sino de mafias bien organizadas. Desde 2023, la minería ilegal fue declarada una amenaza para la seguridad del Estado y, aun así, sigue generando más de USD 1.300 millones al año. Aunque el Gobierno ha realizado más de 32.000 operativos militares, destruido cientos de bocaminas, retroexcavadoras y dragas, la realidad es que el negocio sigue creciendo. Las bandas criminales como Los Lobos y Los Choneros ahora disputan minas en zonas como Ponce Enríquez y El Oro. La violencia ha estallado, con asesinatos de militares y enfrentamientos constantes. Las Fuerzas Armadas tomaron el control de Buenos Aires, en Imbabura, pero no es suficiente. Expertos como Julia Yansura y Stevie Gamboa advierten que sin rastrear a los beneficiarios del oro ilegal y atacar la corrupción interna, esto no va a parar. Hay empresas que exportan millones en oro pero no existen físicamente. Funcionarios corruptos facilitan permisos y licencias falsas. El Comité Nacional de Integridad Minera (Conim) fue creado para frenar esto, pero recién empieza a coordinar acciones entre varias instituciones. Se han detectado 23 empresas fantasmas que vendieron hasta USD 90 millones en minerales sin operar legalmente. Muchas fueron creadas como SAS, lo que ahora está restringido. Además, se impuso una nueva tasa minera que ha generado malestar en el sector formal. Ecuador también pidió ayuda a EE.UU. para frenar el tráfico de maquinaria pesada. Steven Dudley, de InSight Crime, dice que el oro ilegal ya es una macroeconomía criminal, al nivel del narcotráfico. Las mafias no solo sacan oro, también lavan dinero y compran funcionarios. Hay municipios que prestaron maquinaria a mineros ilegales. En medio de esta batalla, el país sigue perdiendo recursos naturales, dinero, y sobre todo, vidas. ¿Será que esta fiebre por el oro no se puede detener?