La marcha por el agua en Cuenca reunió a casi 100.000 personas y tuvo como principal blanco al proyecto minero Loma Larga. Aunque la movilización se presentó como una defensa de los páramos y las fuentes hídricas, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, la calificó como “un tema totalmente político” y señaló que detrás de la convocatoria estaban “los mismos actores políticos de siempre”. Según la funcionaria, las consignas se enfocaron en cuestionar al Gobierno y no directamente en la protección del agua.

Rovira recordó que el presidente Daniel Noboa ya había desistido de impulsar el proyecto en términos legales y que, en su lugar, trasladó la responsabilidad al alcalde de Cuenca y al prefecto del Azuay para negociar con la empresa canadiense Dundee Precious Metals, a cargo de Loma Larga. El mandatario incluso advirtió que, de ser necesario, esas autoridades tendrían que defender sus informes ante una corte en Londres.

El proyecto, ubicado cerca de la reserva Quimsacocha, permanece suspendido desde 2022 por orden de la Corte Constitucional, que dispuso cumplir requisitos ambientales y legales. No obstante, la marcha incluyó la lectura de un manifiesto que exigía revocar de forma definitiva la licencia ambiental.

La ministra cuestionó que líderes como Yaku Pérez y autoridades locales no alcen la voz frente a la minería ilegal, mientras sí se movilizan contra proyectos legales. A su juicio, la protesta buscó desestabilizar al Gobierno, pese a que el Ejecutivo ya había marcado distancia del emprendimiento.

La jornada dejó imágenes de avenidas repletas y consignas en defensa de los páramos, mientras colectivos ciudadanos reiteraron su rechazo a la minería en Quimsacocha. Tras la manifestación multitudinaria, el debate sobre Loma Larga volvió a encenderse en Azuay y se mantuvo en el centro de la agenda pública por el cruce de declaraciones entre el Gobierno y las organizaciones sociales.