El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decidido extender por 30 días adicionales el estado de excepción en seis provincias y un municipio, una medida que inicialmente fue decretada para combatir la grave conmoción interna generada por el crimen organizado. Esta extensión se realiza mediante el Decreto 377, en un intento por controlar la violencia que afecta a varias zonas del país.

El estado de excepción, que originalmente comenzó el 2 de julio y duró 60 días, ahora se mantendrá en las provincias de Guayas, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, así como en el municipio de Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia de Azuay. Esta última área ha sido un punto crítico debido a las disputas entre bandas criminales que buscan controlar la minería ilegal.

Como parte de esta medida, se mantiene un toque de queda nocturno en 19 municipios de las provincias mencionadas. El toque de queda se aplica desde las 22:00 hasta las 5:00, afectando a localidades como:

Azuay

• Camilo Ponce Enríquez.

Los Ríos

• Babahoyo.
• Buena Fe.
• Quevedo.
• Pueblo Viejo.
• Vinces.
• Valencia.
• Ventanas.
• Mocache.
• Urdaneta.
• Baba.
• Palenque.
• Quinsaloma.
• Montalvo.

Guayas

• Durán.
• Balao.
• Parroquia Tenguel del cantón Guayaquil.

Orellana

• La Joya de los Sachas.
• Puerto Francisco deOrellana.
• Loreto.

El estado de excepción implica la suspensión de ciertos derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, y restringe la libertad de reunión. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dictaminado que se debe garantizar el derecho a la protesta pacífica, incluso bajo esta medida.

Desde el inicio de su mandato, Noboa ha elevado la lucha contra el crimen organizado al nivel de "conflicto armado interno", permitiendo que las fuerzas del orden tomen medidas más severas contra las bandas criminales, a las que ha categorizado como grupos terroristas. Además, las cárceles controladas por estas organizaciones han sido militarizadas como parte de las acciones de este estado de excepción.

La extensión de esta medida refleja la gravedad de la situación en el país y la determinación del gobierno para restablecer el orden y la seguridad en las zonas más afectadas. La ciudadanía, por su parte, permanece en alerta mientras estas medidas extraordinarias continúan.