El presidente Daniel Noboa emitió el 7 de mayo de 2026 el Decreto Ejecutivo 377. Con ese documento reformó el Decreto Ejecutivo 249 de 2024. El cambio amplía las funciones de la Secretaría General de Integridad Pública. Desde ahora, esa entidad podrá recibir alertas sobre presuntos actos de corrupción. La disposición abarca información enviada por ciudadanos, empresas privadas, instituciones públicas y otros actores sociales. El decreto señala que esos reportes deberán canalizarse hacia las entidades estatales competentes. El objetivo planteado por el Gobierno es reforzar la prevención y la política nacional de integridad pública. En la práctica, la Secretaría gana un rol más activo dentro del esquema anticorrupción del Ejecutivo. Aun así, el decreto no le entrega funciones judiciales ni tareas de investigación penal. Eso significa que no reemplazará a la Fiscalía, la Contraloría ni la Policía Nacional.

El texto también incorpora un nuevo numeral para que la Secretaría asuma otras funciones que disponga la Presidencia o la normativa vigente. Además, el decreto respalda un rediseño institucional dentro de esta dependencia. En ese punto aparece la creación de la Dirección de Análisis y Seguimiento de Alertas. Esa nueva área estará ligada al procesamiento y seguimiento de avisos sobre posibles hechos de corrupción. La Presidencia pidió al Ministerio del Trabajo aprobar ese rediseño institucional. También se ordenó a la Secretaría General Administrativa de la Presidencia, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas ejecutar los cambios necesarios. El plazo fijado para esas acciones es de 60 días. Ahí entran ajustes orgánicos, creación de cargos y asignación presupuestaria. La medida busca mejorar la coordinación entre instituciones del Estado frente a este tipo de alertas. Con este paso, el Gobierno arma una nueva estructura para recibir, mover y dar seguimiento a reportes de presunta corrupción.