La designación del próximo Fiscal General del Estado se perfila como una carrera larga, según Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. El jurista advierte que el país podría tener nuevo titular recién en julio de 2026 por demoras, trabas legales y eventualidades políticas. Ocaña también encabeza la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal. Asegura que la planificación del proceso y la conformación de la comisión de selección generan dudas sobre la transparencia. Esa Comisión Cívica actúa de manera independiente del CPCCS y solo monitorea el concurso. Según explicó, cuentan con respaldo técnico y económico de la Embajada de Estados Unidos y con apoyo académico de la Universidad Católica de Quito, la UEES, la Internacional y otras. La fotografía del concurso muestra 69 postulantes iniciales y 32 admitidos por el Consejo de Participación. La revisión de la Comisión Cívica sostiene que únicamente 24 debieron pasar. Entre los 32 se sortearán cinco titulares y cinco suplentes para la comisión de selección. Hoy el despacho está a cargo del fiscal subrogante Wilson Toainga, tras la renuncia de Diana Salazar en mayo de 2025. El camino podría trabarse si se presentan acciones constitucionales de los postulantes, porque esas medidas pueden suspender etapas por meses o años. Otra amenaza es la consulta popular impulsada por el Ejecutivo, ya que si la Corte Constitucional admite la pregunta sobre el CPCCS, el concurso quedaría en pausa y hasta reinicio. La comisión de selección tiene diez miembros, con cinco delegados de funciones del Estado y cinco designados por sorteo, fórmula que para Ocaña resta confianza ciudadana. El perfil que promueve para el nuevo Fiscal exige especialización en derecho penal y dominio de litigación oral. Además pide solvencia económica comprobable y patrimonio acorde a los ingresos declarados. La autoridad debe actuar con independencia política, sin afiliaciones partidarias. También reclama ética profesional y ausencia de vínculos recurrentes con la defensa de delincuencia organizada. Sugiere al menos quince años de experiencia, por encima de los diez que marca el reglamento vigente. Como lección de procesos previos recuerda errores como falta de publicidad y admisión de aspirantes sin especialización penal. Con este mapa de riesgos, la ciudadanía encara un 2025 de observación y un 2026 que podría traer nuevo Fiscal tras un calendario desgastante.