El proceso disciplinario contra la asambleísta Nuria Butiñá avanzó este jueves 18 de septiembre de 2025 ante el Comité de Ética. La primera vicepresidenta Mishel Mancheno acudió como denunciante y llevó documentos, capturas y audios. Ese material fue entregado por Iván Castro, exasesor de Butiñá. Castro declaró de forma telemática porque dijo temer por su seguridad y la de su familia. En su versión, denunció que le exigieron aportar parte de su salario para cubrir comunicación y consultorías. Aseguró que, al negarse, le impusieron tareas de contenidos, fotos y videos que no correspondían a su cargo. También indicó que en ocasiones pagó a terceros para cumplir esas órdenes. Relató que el 12 de junio recibió un mensaje para contactar a Miguel Saltos y coordinar pagos por supuestas asesorías. Dijo que nunca recibió facturas de esos valores. Habló además de un ambiente laboral hostil con amenazas y prohibiciones para ayudar a otros despachos. Con ese cuadro, Mancheno pidió la sanción más fuerte: la destitución de Butiñá. La legisladora de la Revolución Ciudadana rechazó todo y llamó a la denuncia “una farsa, una mentira y una telenovela”. Sostuvo que su exasesor “mintió de manera descarada” y que el expediente tenía contradicciones. Afirmó que presentó un descargo de 27 páginas y más de 150 documentos. Señaló que el Comité no admitió todo el paquete probatorio y reclamó que se valore cada elemento. También cuestionó al asambleísta Sergio Peña por, según dijo, descontextualizar conversaciones privadas. Insistió en que no existía prueba de dinero en su cuenta. Solicitó el archivo de la denuncia y adelantó que se reservaba acciones legales contra su exasesor. Ante preguntas de la mesa, respondió que jamás pidió dinero a Castro. El presidente del Comité, Johnny Lavayen, precisó que el informe con conclusiones iría al pleno en un plazo de cinco días.