El caso de Yuliano Salazar, un joven de 22 años con discapacidad, ha capturado la atención pública tras su encarcelamiento en preventiva desde el 7 de agosto. Salazar se enfrenta a acusaciones de muerte culposa después de atropellar a cuatro ladrones en Guayaquil, dos de los cuales fallecieron. A pesar de actuar en defensa propia, enfrenta un sistema legal que muchos critican de obsoleto e injusto.

En un acto sin precedentes, el presidente Daniel Noboa ha prometido asistencia legal y un posible indulto presidencial para Salazar, destacando la urgencia de revisar las condiciones bajo las cuales se le ha detenido. La comunidad, junto a familiares y amigos de Salazar, ha protagonizado protestas demandando justicia y reformas legales.

El caso plantea serias preguntas sobre la equidad del sistema judicial ecuatoriano, especialmente en cómo trata a individuos con discapacidades y sin antecedentes penales. Mientras tanto, la defensa de Salazar ha interpuesto un habeas corpus y solicitado medidas sustitutivas a la prisión preventiva, enfatizando su discapacidad y la falta de antecedentes.

Este incidente no solo pone a prueba los límites de la autodefensa legal sino que también desafía la capacidad del sistema de justicia para adaptarse a casos con circunstancias atenuantes claras. La promesa de indulto del presidente Noboa sugiere un reconocimiento de estas fallas, pero también plantea un dilema ético y legal que resonará mucho tiempo en la sociedad ecuatoriana.