El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrenta un juicio político reanudado por el Pleno de la Asamblea Nacional, una situación que ha provocado un intenso debate en el país. Propuesto originalmente por los asambleístas Viviana Veloz (RC), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (ID), el juicio aborda presuntos delitos de concusión y peculado relacionados con supuesta corrupción en el sector público.

Aunque el juicio político recibió el dictamen favorable de la Corte Constitucional, su continuidad tras la salida del poder de Lasso el 23 de noviembre de 2023 plantea interrogantes constitucionales. Según el artículo 129 de la Constitución, el presidente y vicepresidente solo pueden ser enjuiciados políticamente mientras estén en funciones, lo que sugiere que el proceso contra Lasso debería archivarse.

Sin embargo, la legisladora Sofía Espín argumenta que la muerte cruzada decretada por Lasso suspende los plazos y, por lo tanto, el proceso debe continuar. Aunque la sanción de censura y destitución ya no es aplicable, se debate si existen implicaciones morales o penales.

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, mencionó que Viviana Veloz, una de las interpelantes, forma parte de la actual Asamblea y retomará los argumentos del proceso. Este hecho añade otra capa de complejidad al debate.