El asambleísta Santiago Díaz, vinculado a la Revolución Ciudadana, fue señalado por un delito muy grave ocurrido en diciembre de 2024 y que recién salió a la luz en julio de 2025. La denuncia por presunta violación a una niña de 12 años fue presentada siete meses después, ya que la menor y su familia tenían miedo. El martes 22 de julio se realizó la audiencia en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia en Quito. La Fiscalía llevó 25 pruebas, incluyendo el testimonio anticipado de la víctima, relatos de sus padres y hermana, informes médicos y documentos de la Asamblea Nacional. Además, durante los allanamientos a la casa de Díaz, la Policía incautó celulares, credenciales y una memoria flash. La jueza del caso concluyó que existían suficientes indicios para presumir un delito y ordenó la prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito para el asambleísta. También prohibió que Díaz venda bienes y otorgó medidas de protección a la víctima. El fiscal explicó que Díaz evadió a la justicia varios días antes de entregarse el 21 de julio, luego de que se emitiera una orden de captura. El artículo 171 del COIP establece entre 19 y 22 años de cárcel por este tipo de delito, con posibilidad de aumento si existen agravantes. La investigación fiscal tendrá 60 días para avanzar. Además, la Asamblea frenó la reforma sobre consentimiento sexual que Díaz impulsaba. La reacción en el mundo político fue inmediata: Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, calificó el caso como una vergüenza y ofreció disculpas a la familia de la víctima. Tras la denuncia, Santiago Díaz fue expulsado de su bancada. El caso sigue conmocionando al país y deja varias interrogantes abiertas sobre la protección de la niñez en el entorno político ecuatoriano.