SRI intensifica controles a recicladores de botellas plásticas


El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha implementado controles exhaustivos a las empresas recicladoras de PET
El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador ha puesto en marcha una serie de controles rigurosos dirigidos a las empresas transformadoras y recicladoras de material PET, específicamente aquellas involucradas en el manejo de botellas plásticas no retornables. Este escrutinio se produce en el marco de la aplicación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas (IRBP), establecido por el Decreto Ley de Urgencia Económica emitido el 23 de mayo de 2024.
Damián Larco, director general del SRI, informó que estas acciones de control se deben a denuncias recibidas sobre contribuyentes que supuestamente solicitan la devolución del IRBP por botellas en las cuales no se había pagado el impuesto previamente. En respuesta a esto, el SRI ha decidido realizar controles al 100% de las empresas recicladoras transformadoras para verificar su cumplimiento con la normativa vigente.
En los últimos seis meses, el SRI ha efectuado devoluciones del IRBP que ascienden aproximadamente a USD 17 millones a seis empresas ubicadas en Quito, Guayaquil, y Montecristi. Estas empresas son las únicas registradas y autorizadas para acceder al beneficio fiscal, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos cruciales, que incluyen el registro emitido por el Ministerio de Industrias y Productividad, acuerdos de responsabilidad, actas de recepción de las botellas, y comprobantes de venta o declaraciones aduaneras del material procesado.
Si se determina que las empresas no cumplen con estos requisitos, la Administración Tributaria tiene la autoridad para suspender el acuerdo que les permite acceder a la devolución del IRBP por un período de seis meses. Esta medida busca asegurar una mayor transparencia y justicia en el proceso de reciclaje y en la administración del impuesto.
El SRI continuará con estas medidas de vigilancia para garantizar que se mantenga la integridad del sistema tributario y se detecten posibles irregularidades, protegiendo así los intereses del Estado y fomentando una cultura de cumplimiento entre las empresas recicladoras.
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