Un tribunal de apelaciones en Nueva York anuló la gigantesca multa de $454 millones que pesaba sobre Donald Trump por fraude empresarial y consideró que la cifra era demasiado alta para mantenerse en pie, lo que desató un festejo inmediato del presidente. Los jueces afirmaron que la sanción podía ir contra la Constitución, aunque aclararon que la condena civil por fraude sigue vigente. El caso nació en febrero de 2024 cuando la fiscal Letitia James obligó a Trump y sus compañías a pagar más de $350 millones, que con los intereses se acercaban a $500 millones. La decisión judicial no lo limpia del todo, pero sí lo salva de un golpe económico que él mismo dijo que superaba los $550 millones. En sus declaraciones, Trump gritó que lo que vivió fue una “caza política” y acusó a la fiscal de manipular la justicia. Según él, lo que hizo en sus negocios fue correcto y nunca ilegal. Los jueces, sin embargo, señalaron que las restricciones impuestas a su empresa eran necesarias para frenar prácticas dudosas. A pesar de eso, Trump celebró con bombos y platillos, asegurando que la resolución es “una victoria total” frente a sus enemigos políticos. El caso coincidió con su campaña electoral de 2024, en la que muchos creían que esta condena le costaría la presidencia. En lugar de debilitarlo, Trump salió fortalecido en las urnas y derrotó a Kamala Harris en las elecciones. El fallo en su contra había generado dudas sobre su imagen de magnate, pero al final no frenó su camino a la Casa Blanca. En enero de 2025 inició su segundo mandato, cargando todavía con múltiples procesos judiciales. Trump afirmó que, pese a todo lo que enfrentó, logró llegar al poder “contra todo pronóstico”. Hoy, con la multa anulada, el mandatario insiste en que la justicia le está dando la razón. La fiscal Letitia James no se pronunció de inmediato tras la decisión. El país y el mundo miran atentos cómo cada batalla legal de Trump se mezcla con la política.