La cadena Tuti, que en 2024 facturó USD 693 millones, y la Arcsa llevaron su choque a los tribunales de Ecuador. La disputa nació porque la autoridad sanitaria la ubicó en una categoría que exige permiso de funcionamiento. Tuti consideró que esa decisión afectó sus derechos y atacó el informe técnico. El caso se originó en una inspección en un local de Rumiñahui el 4 de abril de 2024. Tras esa visita, el inspector señaló que la tienda era un establecimiento de comercialización de alimentos y bebidas. Con esa etiqueta, la venta de alimentos de consumo inmediato solo era posible con permiso de Arcsa. La empresa respondió que sus locales encajaban como micromercado según el instructivo de 2019. Esa figura permite vender productos de abarrotes y hasta comida lista, con refrigeración y control sanitario. Además, establece que dichos locales están exentos de obtener permiso de funcionamiento. El abogado David Muirragui defendió que el RUC de la compañía describe actividad de tienda al por menor de gran variedad. La acción de protección fue presentada el 26 de mayo de 2025 contra Daniel Sánchez y Mihail Hidalgo. La causa quedó en el despacho de la jueza María Soledad Villalba de la Unidad Civil de Rumiñahui. En paralelo, Arcsa abrió un proceso sancionatorio el 19 de septiembre de 2024 por falta de permiso. El 30 de diciembre de 2024 impuso una multa de cinco salarios básicos, equivalente a USD 2.300, al local 322 de una red de 685 tiendas. La empresa apeló, pero la entidad indicó que el plazo era de tres días y dispuso el cobro. Arcsa sostuvo en audiencia del 12 de junio de 2025 que solo ella puede categorizar establecimientos. La institución recalcó que el SRI tiene atribuciones tributarias y no sanitarias. Como respaldo, exhibió permisos de otras tiendas Tuti con categorías distintas en Chongón, Pifo y San Miguel de Bolívar. El juez subrogante Luis Salazar negó la acción de protección al no hallar violación de derechos. La defensa de Tuti presentó apelación y el pleito quedó a la espera de resolución.